El lunes 13 de enero, la asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Jadira B. U., sufrió un presunto secuestro en el norte de Guayaquil. La secuencia de eventos comenzó cuando Jadira abordó un taxi tras salir de un centro comercial, donde el conductor permitió el ingreso de cuatro individuos armados. Estos agresores habrían despojado a la asambleísta de sus pertenencias y la llevaron hacia un destino desconocido.
La rápida intervención fue posible gracias a que Jadira logró comunicarse con su esposo, quien escuchó lo que estaba sucediendo y alertó a la Policía Nacional. Utilizando el rastreo del teléfono celular de la víctima, la policía desplegó un operativo de localización y captura, que culminó con el rescate de la asambleísta y la detención de los presuntos responsables en el Centro Cívico de Guayaquil.
Los implicados, identificados como Alans E. M., Johan N. C., Alberto M. O. y José Ch. C., enfrentan cargos por agresión, secuestro y robo. Durante el trayecto, supuestamente infligieron violencia física a Jadira, golpeándola en el rostro y la cabeza, y aplicándole descargas eléctricas en el cuello. Además, se apropiaron de su celular, joyas, efectivo y tarjetas de crédito, realizando transferencias ilícitas a una cuenta vinculada a uno de los implicados.
Tras su rescate, la asambleísta fue atendida médicamente, y los sospechosos fueron aprehendidos en flagrancia, trasladados junto con las evidencias a la Unidad Judicial Cuartel Modelo. En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó pruebas convincentes, incluyendo partes informativos, versiones de los agentes y la denuncia de la víctima.
El Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para los cuatro procesados y otorgó medidas de protección a Jadira B. U., conforme al artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estas medidas incluyen la prohibición de acercamiento, intimidación y la entrega de una boleta de auxilio a la víctima.
La instrucción fiscal se ha fijado para durar treinta días, tiempo durante el cual se espera que se presenten más pruebas y testimonios que puedan solidificar el caso contra los acusados. Este incidente ha resaltado nuevamente la inseguridad en ciertas zonas urbanas y la necesidad de reforzar la protección a figuras públicas y ciudadanos en general.