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| Organizaciones de defensa de los derechos humanos rechazaron el veto parcial de Guillermo Lasso al proyecto de ley de aborto por violación. Foto: Flickr / Presidencia de la República del Ecuador |
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, vetó el proyecto de ley que regula el aborto por violación, aprobado en febrero por la Asamblea Nacional. El proyecto buscaba permitir que las mujeres embarazadas tras una violación pudieran abortar hasta la semana 12 de gestación, con una excepción para las mujeres, adolescentes y niñas de las zonas rurales o remotas, para quienes el texto daba un plazo de hasta 18 semanas.
El Ejecutivo ecuatoriano emitió un comunicado en el que realiza observaciones, denunciando que dos disposiciones del proyecto de ley de aborto en casos de violación, "no son coherentes" con el marco legal del país.
Lasso, que en varias ocasionas ha reiterado estar "a favor de la vida desde su concepción", pidió que se unifiquen los plazos en todos los casos y señaló que el parlamento olvidó la objeción de conciencia, exigiendo la inclusión de artículos para garantizar a todos los profesionales de la salud la aplicación de "este principio constitucional".
"En el tema de los plazos, he añadido la observación de que se unifiquen, tanto para casos del sector rural como para casos urbanos en 12 semanas" dijo el presidente ecuatoriano, precisando que "establecer diferencias legales entre ciudadanos basados en lugares de nacimiento o condiciones de origen" es contrario a la Constitución del país.
Mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos en mis funciones constitucionales. Por eso he decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que este guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional. pic.twitter.com/g7AqAl82C5
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 16, 2022
Sin embargo, este plazo más largo para las mujeres y niñas de las zonas rurales y remotas fue diseñado con el objetivo de darles más tiempo para encontrar asistencia médica o un médico dispuesto a realizar un aborto, en un país donde el acceso a la atención de salud es muy desigual entre las zonas rurales y urbanas y entre las diferentes clases sociales.
El proyecto de ley volverá a la Asamblea Nacional que tendrá 30 días a partir de ahora para decidir si mantiene el texto en su forma original o si le integra las propuestas del mandatario.
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| Asamblea nacional del Ecuador |
La propuesta legislativa para regular el aborto en casos de violación surgió tras la sentencia de la Corte Constitucional, que el 29 de abril de 2021, lo despenalizó. Un fallo histórico que coincidió con la llegada a la Presidencia del derechista y antiabortista Lasso.
La resolución había sido aprobada por el pleno de la Corte, con siete votos a favor y las reservas de dos magistradas, en un dictamen que abrió por primera vez la posibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres y las niñas en casos de violación.
Pero cuando la Asamblea Nacional lo aprobó en febrero, ninguna de las partes, ni la que está a favor ni la que está en contra del aborto, se vio satisfecha.
Los activistas proaborto se habían concentrado frente al parlamento para exigir que no hubiera límite de tiempo.
"Estamos aquí para representar a todas las víctimas de violaciones que se verán obligadas a esconderse o a ser madres si son violadas porque los plazos impuestos por la Asamblea Nacional son demasiado restrictivos", había dicho a la agencia de noticias AFP, Verónica Vera, de 31 años, que junto con otras activistas se desnudó frente al Parlamento para protestar.
Los opositores al aborto también se habían manifestado cerca del edificio.
Antes del fallo del Tribunal Constitucional, el aborto sólo se permitía en casos de violación contra una mujer discapacitada o si había peligro para la vida de la madre.
Siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día en Ecuador, un país de 17 millones de habitantes que tiene la tercera tasa de embarazo adolescente más alta de América Latina, según cifras oficiales.
En el continente, el aborto es legal en Uruguay, Cuba, Argentina, Ciudad de México, tres estados mexicanos y, desde febrero de 2022, en Colombia.
Está totalmente prohibido en El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. En otros países latinoamericanos, sólo se permite en caso de que la vida de la mujer corra peligro, en casos de violación o si el feto no es viable.
Fuente: France24