Una de las lagunas en Quimsacocha / Cuenca / foto de HijosdelaTierraLa mañana de de este viernes 12 de septiembre del 2025, el presidente Daniel Noboa dio a conocer en una entrevista en radio La Mega, sobre la suspensión del proyecto de extracción minera en Kimsacocha, además manifestó que esta en la responsabilidad de la alcandía de Cuenca como en la prefectura del Azuay justificar si en futuro existe una demanda por parte de la empresa minera Dundee Precious Metals, quienes deberían de sustentar el porque no es adecuado explotar el sector de Quimsacocha.
“Yo no voy a seguir con este proyecto ( Loma Larga); es más por eso está el comunicado oficial, señores Municipio y Prefectura, háganse cargo ustedes, enseñen sus informes"
📌El presidente Daniel Noboa, anuncia que no seguirá el proyecto Minero Loma Larga, en #Quimsacocha“Yo no voy a seguir con este proyecto ( Loma Larga); es más por eso está el comunicado oficial, señores Municipio y Prefectura, háganse cargo ustedes, enseñen sus informes" pic.twitter.com/0Yyu3vxySr— Periodistas de las Calles /Investigamos la noticia (@callesdecuenca) September 12, 2025
Proyecto Minero Loma Larga
El Proyecto Minero Loma Larga es un yacimiento de oro subterráneo ubicado en la provincia de Azuay, Ecuador, en la Cordillera Occidental de los Andes, aproximadamente 30 km al suroeste de Cuenca y 15 km al norte de Girón. Se encuentra en una zona de páramos y cerca del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, lo que ha generado controversia por posibles impactos ambientales, especialmente en fuentes de agua. El proyecto es operado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM), que adquirió los derechos en 2021 de INV Metals. Se estima que contiene reservas de alrededor de 926.000 onzas de oro, además de plata y cobre, con una vida útil proyectada de 11-12 años y una producción anual inicial de unas 200.000 onzas de oro en los primeros cinco años.
Detalles Técnicos y Económicos
Tipo de minería: Subterránea, similar a la mina Chelopech de DPM en Bulgaria, con métodos de extracción y procesamiento comparables.
Inversión: Aproximadamente USD 419-499 millones en total, de los cuales se han invertido unos USD 129 millones entre 1999 y 2024 en exploración y estudios.
Cronograma original: La construcción estaba prevista para finales de 2025, con inicio de operaciones en años posteriores. Incluye un plan de cierre de mina de unos 5 años.
Beneficios económicos: El gobierno ecuatoriano destaca su potencial para generar empleo y regalías (60% invertidas en comunidades locales), con obras ya realizadas como centros de salud, alcantarillado y electrificación en parroquias como San Gerardo (Girón). La Cámara de Minería estima que impulsaría el desarrollo en Azuay.
Historia y Desarrollo: El proyecto data de finales de los 90, con exploraciones avanzadas por INV Metals que incluyeron 285 perforaciones en 120 hectáreas. En mayo de 2025, se completó la primera consulta previa, libre e informada en Ecuador para proyectos en territorios indígenas, lo que allanó el camino para la licencia ambiental. En junio de 2025, el Ministerio del Ambiente otorgó esta licencia tras evaluaciones de impacto alto, iniciadas en 2020. DPM enfatiza prácticas responsables, con reutilización de agua superior al 90% y estudios ambientales desde hace más de 20 años.
Controversia y Oposición: Loma Larga ha enfrentado fuerte resistencia desde comunidades locales, organizaciones ambientales y autoridades de Cuenca, debido a temores por la contaminación de páramos y zonas de recarga hídrica que abastecen a la ciudad (afectada por sequías recientes). Consultas populares: En 2019 y 2021, parroquias como Girón (86.79% "no") y Cuenca rechazaron la minería en áreas sensibles. En enero de 2025, un intento gubernamental de consulta fue calificado de "fraudulento" por opositores, con presencia policial.
Litigios: En 2023, la Corte Provincial de Azuay aceptó parcialmente una acción de protección contra las concesiones. La ETAPA (empresa de agua de Cuenca) concluyó en agosto de 2024 que la explotación no es viable por riesgos hídricos. Informes independientes, como los de MiningWatch Canada, cuestionan la viabilidad ambiental.
Protestas: Grupos como el Cabildo por el Agua convocan marchas, como la del 16 de septiembre de 2025 en Cuenca. El Concejo Cantonal pidió sesiones de la Asamblea en la ciudad para mayor participación.
Estado Actual (Septiembre 2025)El proyecto está paralizado. El 12 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa declaró que "no se va a dar" y "yo no voy a seguir con este proyecto", transfiriendo la responsabilidad a los gobiernos locales (Municipio de Cuenca y Prefectura de Azuay) para sustentar informes sobre riesgos y enfrentar posibles demandas futuras. El Gobierno exigió pronunciamientos urgentes sobre contaminación, citando sentencias judiciales y la consulta de 2021. Autoridades como el viceministro de Energía y Minas aseguran que no afecta Quimsacocha ni el agua de Cuenca, pero la oposición insiste en el cumplimiento constitucional del derecho al agua. DPM defiende su trayectoria, pero el avance depende de resoluciones locales y judiciales.
Demandas Judiciales
Dado el anuncio del presidente Daniel Noboa el 12 de septiembre de 2025, que paraliza el proyecto minero Loma Larga y transfiere la responsabilidad a gobiernos locales para evaluar riesgos ambientales y hídricos, Dundee Precious Metals (DPM), como empresa canadiense con concesiones mineras válidas en Ecuador, podría invocar varios argumentos legales para reclamar compensación o continuar con la explotación. Estos se basan en su Investment Protection Agreement (IPA) de 2023, fallos judiciales favorables previos y tratados internacionales. A continuación, detallo los principales argumentos, sustentados en documentos y precedentes disponibles:1. Expropiación Indirecta sin Compensación JustaDPM argumentaría que la paralización constituye una expropiación de facto de sus derechos mineros, ya que impide el uso económico de las concesiones adquiridas legalmente y en las que ha invertido más de USD 129 millones en exploración y estudios desde 2021. Bajo la Constitución ecuatoriana (Art. 323), el Estado debe compensar expropiaciones por utilidad pública, y la falta de pago violaría este principio.
Base legal: El IPA de 2023 otorga protecciones explícitas contra expropiaciones, incluyendo estabilidad regulatoria y compensación por cambios que afecten la viabilidad del proyecto.
Esto se refuerza con fallos de la Corte Provincial de Azuay (2023), que reafirmaron las concesiones mineras de DPM y no las invalidaron.
- Acción posible.- Demanda en arbitraje internacional bajo el IPA, que permite resolución de disputas fuera de Ecuador, potencialmente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
- Violación de la Licencia Ambiental y Permisos Otorgados.- La licencia ambiental para explotación fue emitida por el Ministerio del Ambiente (MAATE) el 23 de junio de 2025, tras un proceso riguroso que incluyó evaluaciones de impacto y consulta previa.
DPM sostendría que revocar o suspender esta licencia sin evidencia nueva de incumplimiento viola el principio de seguridad jurídica (Código Orgánico Administrativo, Art. 11) y el debido proceso.
- Argumento adicional.- La empresa ha cumplido con estándares internacionales (como los de la Corporación Financiera Internacional) en planes de manejo ambiental, incluyendo reutilización de agua >90% y tratamiento de residuos, lo que minimiza impactos hídricos en páramos como Quimsacocha.
Cualquier suspensión basada en informes locales (como el de ETAPA de 2024) sería arbitraria si ignora estos datos.
Precedente: Cortes ecuatorianas han validado permisos similares en 2022 y 2023, reafirmando que las concesiones no afectan áreas protegidas directamente.
- Inconstitucionalidad de Consultas Populares y Falta de Consulta Previa Adecuada.- DPM podría cuestionar la aplicación de consultas populares de 2019 y 2021 en Girón y Cuenca, argumentando que estas no son vinculantes para concesiones preexistentes o que violan tratados internacionales al discriminar inversiones extranjeras. En 2024, la empresa demandó ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de la consulta de 2019.
- Respecto a la consulta indígena (FPIC), un fallo de 2023 aclaró que es responsabilidad del Estado, no de la empresa, y DPM ya la planeaba; alegar irregularidades ahora sería retroactivo e injusto.
- Base: Convención 169 de la OIT (ratificada por Ecuador), que exige FPIC pero no anula concesiones válidas si el Estado la realiza.
- Brecha de Tratado de Inversión Bilateral (BIT) Canadá-Ecuador Como inversionista canadiense, DPM invocaría el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre Canadá y Ecuador (1996, con enmiendas), alegando trato justo y equitativo (FET) y no discriminación. La paralización unilateral violaría expectativas legítimas creadas por el IPA y licencias.
- Impacto económico: El proyecto promete USD 419-499 millones en inversión, 200.000 onzas de oro anuales y beneficios locales (empleo, regalías), por lo que la suspensión causaría daños cuantificables (pérdidas por inactividad, costos sunk).
Acción: Arbitraje bajo el BIT, similar a casos como Occidental vs. Ecuador (2012), donde se ordenó compensación por USD 1.000 millones.
- Consideraciones Generales.- Estos argumentos se centran en la "disciplina" de DPM para avanzar solo con hitos clave (como la licencia ambiental, ya obtenida), pero enfatizan que la paralización post-licencia es un cambio arbitrario.
- La empresa ha negado impactos en comunidades indígenas o agua potable, y podría demandar por difamación si se alegan irregularidades en consultas.
Sin embargo, opositores (como MiningWatch Canada) han presentado quejas ante la Comisión de Valores de Ontario por no divulgar riesgos legales, lo que podría complicar la posición de DPM.
En resumen, DPM priorizaría arbitraje internacional para maximizar compensación (potencialmente cientos de millones), argumentando que Ecuador incumplió compromisos soberanos. El desenlace dependerá de si Noboa formaliza la suspensión o si gobiernos locales (Cuenca/Azuay) emiten informes negativos, activando demandas.