El juicio político contra Mario Godoy (expresidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador) culminó hoy, 18 de febrero de 2026, en la Asamblea Nacional.
Principales hechos del día:
Renuncia previa: Godoy presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Consejo de la Judicatura horas antes del inicio de la sesión en el Pleno (alrededor de las 09:00). Argumentó que era una decisión personal, pero muchos lo interpretaron como un intento de evitar la censura formal, aunque la renuncia no extingue la responsabilidad política ni detiene el proceso.
RENUNCIA DE MARIO GODOY LLEGA EL DÍA EN QUE LA ASAMBLEA TRAMITA SU CENSURA
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, presentó su renuncia en medio del juicio político que se instala hoy, 18 de febrero; en el Pleno de la Asamblea por presunto incumplimiento de… https://t.co/9ZpBheOvXe pic.twitter.com/7mEkWGHdpe
— LaDefensa (@LaDefensaEc) February 18, 2026
Ausencia en la sesión: No asistió al Pleno pese a la convocatoria presencial. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen (de ADN, oficialismo), confirmó que su inasistencia no invalida el procedimiento según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Votación y resultado: El Pleno instaló la sesión pasadas las 11:00 y procedió a votar. Con 148 votos a favor (y solo una abstención), se aprobó la censura y destitución de Godoy como miembro y presidente del Consejo de la Judicatura. Se necesitaban al menos 101 votos para censurarlo.
Bloques políticos: El correísmo (Revolución Ciudadana) impulsó fuertemente el juicio y celebró el resultado. ADN (oficialismo) tuvo un giro tardío hacia la censura, lo que generó dudas y críticas por cálculos políticos. El proceso se mantuvo pese a la renuncia.
Acusaciones principales: Godoy fue juzgado por manifiesta negligencia en sus funciones, incluyendo:Presuntas presiones a jueces (como en el caso de Jezdimir Srdan, narcotraficante serbio, o interferencias en casos como Euro 2024).
Vínculos con corrupción, narcotráfico y casos como "Pendrive" o "Goleada".
Falta de independencia judicial y gestión deficiente.
El juicio político no implica cárcel directa (eso requeriría un proceso penal separado), pero lo destituye del cargo y lo inhabilita políticamente por un tiempo. Ha generado indignación por el simbolismo de un alto funcionario judicial cuestionado por nexos con el crimen organizado.
