Unos piden muerte cruzada y otros consulta popular, Lasso entre la espada y dejar el poder.

El Presidente de la República acusó a Xavier Hervas y a asambleístas de hacer pedidos irregulares a cambio de votos en la Asamblea Nacional. ¿Sus señalamientos alcanzarán para justificar una eventual muerte cruzada?


El Presidente de la República lanzó graves acusaciones en contra de los asambleístas, en general, y de Xavier Hervas, líder de la Izquierda Democrática, en particular.  En un evento con estudiantes, la mañana del 24 de marzo de 2024, Lasso dijo que Hervas le pidió favores a cambio de dar los votos para aprobar el proyecto de ley de inversiones que Lasso envió a la Asamblea Nacional con carácter de urgente. 

Unas horas más tarde, en el pleno de la Asamblea, el proyecto fue archivado y Lasso difundió un video con más acusaciones, aunque no dio nombres.  Hervas dijo que Lasso le había mentido al país. 

Todo esto ocurre en medio de rumores, cada vez más fuertes, sobre una posible muerte cruzada que le permitiría al Presidente disolver la Asamblea Nacional y gobernar, mediante decreto, por varios meses.

La Asamblea debía votar sobre el informe final del proyecto de ley de inversiones, enviado con carácter de económico urgente por Lasso. Este proyecto ha sido impulsado por el gobierno bajo el argumento de que permitirá un marco legal favorable para atraer capitales y convertirá a la empresa privada en la tomadora de riesgos que —a juicio del gobierno— el Estado no debería tomar —tanto en la construcción de obras como en la administración de servicios. 


Asamblea Nacional del Ecuador

Las bancadas de la Izquierda Democrática, Unión por la Esperanza (UNES) y Pachakutik habían ya hecho pública su postura contraria a la propuesta gubernamental, por lo que había pocas probabilidades de que el proyecto se convirtiera en ley. 

En el encuentro con jóvenes del 24 de marzo, el Presidente cuestionó esas posturas. «Es lamentable encontrarse por ahí con algunos políticos que solo viven su realidad personal y tienen un partido político al servicio de él, para que a él no se le cobre impuestos”, dijo, sin dar nombres. Lasso alegó que eso era  corrupción y que él  no lo iba a permitir. “No he sido electo presidente de Ecuador para favorecer los intereses particulares de nadie, menos los de un político que condiciona su voto a una ley para generar impuestos siempre y cuando, el SRI, a él, y solo a él, no le cobre impuestos”, dijo Lasso visiblemente molesto.

 

El reportero de televisión Freddy Paredes le pidió que diera nombres. “Me refiero a la Izquierda Democrática y al señor Xavier Hervas, más claro y directo no creo que puedo ser. Vaya usted a la página del SRI y verá cuánto paga de impuestos y dice que es un emprendedor. Eso no me lo creo. O no es emprendedor o evade impuestos”, respondió el presidente Lasso.

Las muy serias acusaciones del Presidente vuelven a poner la mirada sobre Hervas, el candidato presidencial que sorprendió en las elecciones de 2021 quedando en cuarto lugar, a pesar de no tener visibilidad pública previo a su candidatura. Hace pocas semanas, Hervas fue cuestionado públicamente por su cambio de discurso sobre el aborto en casos de violación: se lo acusaba de ser ambiguo y contradictorio con lo que había dicho cuando era candidato. Su respuesta fue bloquear a todo aquel que le pidiera explicaciones en redes y, luego, dar una explicación igual de escueta que la que dio hoy.  

“El Presidente le ha mentido al país”, dijo y, luego, de forma atropellada y en desorden, dijo que sus empresas ya pagaron impuestos este año “por lo que inclusive en la lógica, no cabe la posibilidad de una exoneración de impuestos”, dijo. Luego contó sobre un supuesto encuentro que habría tenido con el Presidente hace unos días.


Según él, Lasso lo habría llamado para decirle que estaba “a cinco minutos” de su fábrica, en Cotopaxi y que le había pedido que “le invite un café”. Señaló, además, que ha habido “presiones” por parte del gobierno para “pasar una ley que no ha tenido el debate ni el aporte y lleva sesgos de agendas personales”, dijo Hervas. No precisó qué presiones, ni qué sesgos personales. 

Ese no fue el único señalamiento que hizo el Presidente. “Esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios, a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos de aquellos asambleístas que han venido a pedir efectivo al gobierno”, dijo tras conocer que la Asamblea no había aprobado su proyecto de Ley en un video en su cuenta de Twitter.

Sus acusaciones ahondan la preocupación sobre la clase política que legisla y gobierna. ¿Si para esta propuesta de ley se hicieron pedidos de favores, por lo menos, irregulares, también ocurrió eso en la discusión de otros proyectos? 

No es descabellado pensar que sí, que esa puede ser una norma silenciosa que obliga a negociar en el lodazal, por encima de los intereses ciudadanos. Podríamos pensar también que, cuando la negociación sí se concreta, los ciudadanos ni siquiera llegamos a enterarnos de los favores poco transparentes que se intercambiaron. 

Podríamos especular también que el Presidente hace esas declaraciones tan graves sin dar nombres porque no tiene más pruebas que su palabra. Podríamos, también, pensar, que el resultado de la votación lo empujó a hablar. ¿Entonces, si hubiese pasado su proyecto de ley, Lasso se habría quedado callado? No sabemos la respuesta pero en el juego de la política, lo menos que podemos hacer es sospechar. De los unos y de los otros. 

Los primeros señalamientos del Presidente podrían tener una intención de quebrar con esa forma de hacer política. Sin embargo, para dejar de cubrir con un manto de silencio esa negociación turbia, habría también que señalar con claridad nombres y pedidos. Guillermo Lasso tiene la responsabilidad de entender el peso de sus palabras; son acusaciones que no se pueden lanzar a la ligera. Menos aún deben hacerse con una posible intención de justificar la muerte cruzada, el fantasma aquel que ronda los pasillos del Palacio Legislativo y de Carondelet, hace varias semanas. 

“Como Presidente tengo la obligación de encontrar los mejores caminos constitucionales para lograr las oportunidades que ustedes merecen”, dijo Lasso al final del video. Entre líneas podemos leer que la muerte cruzada, el mecanismo legal que le permitiría disolver la asamblea y gobernar durante un tiempo por decreto, hasta que haya nueva elecciones presidenciales y legislativas. Está claro que  sigue siendo una posibilidad para un Ejecutivo que no logra consensos con las fuerzas políticas en la Asamblea. 

Si a eso agregamos los esfuerzos propios que hacen, a diario, los legisladores, para desacreditar su trabajo frente a sus electores, el panorama es desalentador. La posibilidad de que el gobierno disuelva la Asamblea no es concordante con el discurso de generar estabilidad. ¿De qué serviría la mejor ley para invertir si es que los inversores no tienen certeza de que el gobierno es sólido? 

No deja de ser cierto, sin embargo, que la Asamblea no da la talla. Muestra de eso fue lo que ocurrió en la sesión de hoy, en la que debía votarse el proyecto de ley de inversiones. 

Asambleísta Daniel Noboa dice que se debe llamar a muerte cruzada

Tras el receso que debía durar hora y media, y tras el cual, debía votarse el proyecto de ley, Daniel Noboa, legislador independiente y ponente del proyecto de ley de inversiones, no regresó al pleno del Legislativo con el informe final —trabajado en su comisión y que debía incorporar los últimos cambios antes de la votación. 

Noboa tampoco ingresó a la Secretaría el documento  que le permitiría a la Asamblea votar sobre el proyecto —con las observaciones ya incorporadas—. Se propuso entonces votar por el archivo y con 87 votos a favor, el proyecto del Ejecutivo quedó archivado. 

Noboa difundió, poco después, un comunicado, a través de su cuenta de Twitter. Sin asumir ninguna responsabilidad por su ausencia en el pleno —y sin dar explicaciones tampoco— dijo que “lo más sensato es irnos a nuestras casas y llamar a la muerte cruzada”. 

Con esa retórica vacía, ya típica en la legislatura, Noboa dijo también que la Asamblea “no ha estado a la altura de las circunstancias” y que su compromiso “siempre será por el pueblo ecuatoriano”. ¿Siempre, excepto hoy que, como parte de su trabajo, debía presentar un informe frente al pleno de la Asamblea?  Noboa parece ciego ante la contradicción entre lo que dice y lo que hizo. Parece que no se da cuenta de  que la Asamblea a la que él señala por no “estar a la altura de las circunstancias”, está compuesta por legisladores como él, que evaden sus responsabilidades y culpan a una institución sin notar que ellos la conforman. 

No es el único. Diego Ordóñez se fue haciendo críticas similares. Lo mismo, César Rohón. Con esto, queda demostrado que los legisladores no están a la altura de las circunstancias. Son incapaces de asumir las responsabilidades que les corresponde y están usando el Legislativo para sus propios intereses, incluso cometiendo actos irregulares, según la denuncia presidencial. 

En este escenario no es de extrañar que Lasso esté cada vez más convencido de mandarlos a la casa y gobernar sólo durante algunos meses con los superpoderes que le da la Constitución del Ecuador. El precio de esa maniobra será alto para el país, pero también lo es tener una Asamblea incapaz de asumir su rol. El gobierno tendrá que evaluar qué riesgo es mejor tomar: intentar seguir su periodo con esta Asamblea desacreditada o jugársela y perder el poder que luchó más de una década por alcanzar. 

La muerte cruzada - Imagen de "El Comercio"

La muerte cruzada significa que se disuelve la Asamblea Nacional e inmediatamente el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a elecciones para elegir tanto a los nuevos 137 asambleístas, así como al presidente de la República, es decir que terminan el período tanto los asambleístas como el presidente de la República, quien puede candidatizarse a la reelección para el nuevo proceso electoral que será convocado por el CNE de manera inmediata. 


En el artículo 148 de la Constitución se establece que el presidente de la República puede disolver la Asamblea bajo tres causales, entre ellas la de conmoción social, se puede dar por una sola vez y entre los 3 años de mandato. 


¿Qué dice la Constitución sobre la facultad parlamentaria?

El artículo 130 de la Carta Magna señala que el Parlamento puede destituir al presidente de la nación en los siguientes casos:

Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

Por grave crisis política y conmoción interna.

Para esa destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional, que está conformada por 137 legisladores.

Esta facultad parlamentaria podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo, en los tres primeros años del mismo. 

El CNE, una vez confirmada la remoción del mandatario, tiene un plazo máximo de siete días para convocar elecciones presidenciales y legislativas anticipadas para una misma fecha.

¿Cuál es la facultad del Ejecutivo?

Entretanto, el artículo 148 de la Constitución faculta al Ejecutivo a disolver al Congreso cuando "se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna".

Al igual que en el caso del Parlamento, el mandatario puede aplicar esta acción una sola vez en su mandato y durante los primeros tres años de gobierno.

También, similar, el CNE tiene un máximo de siete días para convocar elecciones de ambos poderes del Estado.

La diferencia es que, en este caso, hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el mandatario podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.

El decreto para destituir la Asamblea esta listo hace un mes por parte del presidente Guillermo Lasso, pero algunos legisladores están presionando para que tome el camino de la Consulta Popular.

Fuente: gk.city - María Sol Borja

Constitución del Ecuador

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