Por Luis Herrera Montero
En medios con prestigio internacional, como la BBC y El País, se difundió la noticia sobre “Pandora Papers” donde se expone, en calidad de resultado de investigaciones, que más de 300 personalidades de peso político están dentro de quienes evaden responsabilidades de índole pública, a través de los conocidos paraísos fiscales. Llama la atención que tres presidentes latinoamericanos sean parte de la lista: Sebastián Piñera de Chile; Guillermo Lasso de Ecuador; y Luis Abinader de República Dominicana. En el país conocimos denuncias de parte de la agrupación política UNES, precisando la inconstitucionalidad de la candidatura de Guillermo Lasso por ser parte de quienes han incurrido en la ilegalidad de paraísos fiscales, por medio de empresas offshore. En aquel momento las autoridades electorales desestimaron la denuncia y el candidato de CREO pudo participar en el evento electoral. Tampoco la Fiscalía ni la Corte Constitucional actuaron conforme sus competencias institucionales. Hoy queda más claro que el hecho no se reducía a intereses de índole política del correísmo, como han insistido sectores oligárquicos, pues los correístas no dirigen los ámbitos informativos de la BBC, El País y otros medios de comunicación, como tampoco las labores que implica profesionalmente el periodismo investigativo a nivel mundial.
Sobre la base de lo mencionado, resulta contradictorio, en cambio, que la Fiscalía, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional sí procedieron recientemente con agilidad para destituir al alcalde Jorge Yunda. En este caso, llama la atención las coincidencias con los discursos y manifestaciones de la oligarquía quiteña. No se intenta en lo más mínimo defender la gestión del personero destituido, sino enfatizar en las legítimas sospechas que ciudadanos y ciudadanas tenemos respecto del actuar institucional. Para muchos es claro que Moreno recolocó al país en las crisis políticas de antaño: todas éstas bajo características neoliberales de ingobernabilidad. Con Guillermo Lasso se vive un innegable continuismo dentro de esa ruta.
Otra terrible noticia, que se globalizó en diversidad de medios, tiene relación con la crisis carcelaria. Según fuentes oficiales, se reconoce el fallecimiento de 118 privados de libertad durante la masacre, acontecida la semana pasada, en la Penitenciaría del Litoral. Este dato fue confirmado por parte de CNN. El problema es más preocupante, si se considera que la situación fue grave ya en el 2020, que incluyó a otros Centros Penitenciarios del país. Las cárceles en Ecuador atraviesan un serio estado de emergencia, con niveles de hacinamiento y violencia extremos, que ha carecido de la indispensable y eficiente gestión de los organismos estatales con responsabilidades directas en el tema. La noticia de CNN además difunde datos que confirman que las víctimas mortales ascienden ya a 200, desde los hechos de febrero de 2021. Este mismo medio comparte también datos alarmantes respecto a armas y explosivos, identificados luego de la brutal masacre y comparable solamente a fenómenos de implicaciones paramilitares. Expertos en la temática ya advertían sobre las connotaciones de la crisis penitenciaria y ponían en evidencia la desinstitucionalización que el país atravesaba. Lastimosamente, la emergencia no ha sido atendida en las dimensiones del caso.
Creer que el problema se resuelve conforme la tradición y consideraciones de la política internacional de Estados Unidos, es un error a no reproducirse. Varias publicaciones y estadísticas sobre el desarrollo del narcotráfico y el paramilitarismo, demuestran que la situación ha crecido notablemente después de la muerte de Pablo Escobar y final del cartel de Medellín; incluso, superando los limites nacionales colombianos y colocándose en parámetros de mayor envergadura en México. Obviamente, el fracaso de Estados Unidos está relacionado al fuerte consumo de cocaína por parte de grandes contingentes de su población, que constituye en mercado grande y en constante incremento también a nivel global.
Las soluciones son de índole sistémico y por tanto societal. Dar salidas concretas a los mandatos constitucionales respecto al rol del Estado en materia de inversión social, como mecanismo prioritario para la reducción de los niveles de pobreza y externa pobreza, por un lado, como también para una más eficiente tarea en cuanto a la recaudación de impuestos, que exija a los que más ganan cumplir con los mandatos constitucionales y que controle la ilegal evasión en paraísos fiscales, por otro. Esta prioridad societal implica también la reducción considerable de los niveles de violencia e inseguridad, que hoy por hoy están desbordando al sistema penitenciario. Este sistema debe ir de la penitencia a la rehabilitación. Es decir, la rehabilitación es una prioridad constitucional que no puede funcionar sin otro sistema de justicia y otro sistema de vigilancia; donde fiscales y jueces no sean corresponsables del sobre poblamiento de las cárceles, realidad en la que han demostrado incompetencia; y donde la policía no sea concebida para perseguir a las poblaciones organizadas, como lo hizo el neoliberalismo contemporáneo en octubre de 2019; se trata más bien de una policía articulada a un sistema de control ciudadano, desde parámetros de democracia participativa y de reforzamiento real de la seguridad ciudadana.
En contraposición a las necesidades mencionadas, el gobierno del señor Lasso envía el proyecto de Ley de Oportunidades Laborales, que hoy la Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea comunicó públicamente que dicho proyecto fue rechazado por el CAL a causa de incumplir con determinantes constitucionales. El gobierno actual, mientras la crisis carcelaria se torna prácticamente incontrolable, se preocupa más en consolidar las políticas neoliberales y los privilegios oligárquicos, reforzando la grave crisis institucional que actualmente vive el Estado en Ecuador. De ahí que retome la insistencia de consolidar un Frente Antineoliberal, que reagrupe unitariamente a las izquierda y centroizquierda, pues lo que vive el país es de extrema gravedad y lo que la desinstitucionalización acelerada está produciendo tendrá consecuencias fatales para el porvenir socioeconómico y políticocultural de Ecuador. Basta de infantilismos divisionistas que terminaron colocando en el gobierno injustamente a un sector oligárquico.